Convenio de doble imposición entre España y Luxemburgo: qué cubre

Un convenio para evitar la doble imposición es un tratado bilateral que fija, para cada categoría de renta, qué país tiene derecho a gravarla y con qué límites, evitando que un mismo ingreso tribute íntegramente en los dos estados. El convenio entre España y Luxemburgo sigue, como la mayoría de los firmados por España, el modelo de convenio de la OCDE.

El convenio no crea impuestos nuevos ni sustituye la normativa interna de cada país: actúa como marco que reparte la potestad tributaria y, cuando ambos estados podrían gravar la misma renta, indica cómo se elimina la doble imposición resultante.

• Dividendos: reparte la potestad tributaria entre el país de residencia del inversor y el país de origen del pagador, normalmente con un límite máximo de retención en origen.
• Intereses: sigue una lógica similar, con reglas específicas según el tipo de instrumento.
• Ganancias patrimoniales por venta de activos financieros.
• Pensiones y rendimientos del trabajo, con reglas propias según se trate de empleo privado o función pública.
• El impuesto sobre el patrimonio, en la medida en que ambos países lo contemplen.

Cuando una renta ha soportado retención en el país de origen, el convenio permite que ese impuesto ya pagado se deduzca, dentro de ciertos límites, de la cuota del impuesto correspondiente en el país de residencia. Es el mecanismo habitual para un residente fiscal en España con rendimientos generados a través de una cuenta o vehículo en Luxemburgo.

El convenio también incluye reglas para resolver los casos en los que una persona pudiera ser considerada residente fiscal en los dos países a la vez (por ejemplo, criterios como la vivienda permanente o el centro de intereses vitales), de forma que, a efectos del propio convenio, solo se le considere residente en uno de ellos.

El convenio no exime de las obligaciones de información que la normativa española exige a los residentes fiscales sobre activos financieros en el extranjero, como el modelo 720. Esa obligación existe al margen del reparto de la potestad tributaria y su incumplimiento tiene consecuencias propias.

Tampoco elimina la necesidad de declarar cada renta en el país de residencia: lo que aporta es el mecanismo para que, tras declararla, no se pague dos veces por ella. La fiscalidad exacta aplicable depende de las circunstancias personales de cada inversor y puede cambiar con el tiempo, por lo que conviene contrastar cada caso con un asesor fiscal. Toda inversión conlleva riesgo, incluida la posible pérdida del capital invertido, y las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.